El portavoz socialista de Juventud y Vivienda en Les Corts, Mompó, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en Torrevieja, Bárbara Soler, han valorado el futuro proyecto de construcción de viviendas protegidas en la localidad, enmarcado dentro del llamado Plan Vive.
Soler ha subrayado que esta promoción de vivienda pública «no es nueva», sino que se contemplaba desde hace tiempo y que, una vez iniciada la urbanización de la zona, ha llegado el momento de llevarla a cabo. Según explica, «Mazón ha presentado Torrevieja como el ejemplo destacado del Plan Vive al haberse cedido suelo para construir viviendas protegidas, pero en realidad se ha aprovechado el desarrollo urbanístico de La Hoya, cuya aprobación quedó supeditada, en el anterior gobierno de coalición, a la construcción de estos inmuebles». La portavoz sostiene que «el president lleva todo su mandato apropiándose de proyectos gestados en la etapa del Botànic, especialmente en Torrevieja».
La representante socialista se muestra especialmente crítica con la política de vivienda que, a su juicio, se «encubre» tras el Plan Vive. Asegura que «la negativa del PP a aplicar la Ley de Vivienda estatal y declarar zonas tensionadas ha disparado la especulación inmobiliaria en Torrevieja, situando tanto los precios de compra como de alquiler a niveles similares a los de la burbuja inmobiliaria. El Plan Vive no resuelve este problema, puesto que el marco legal de ‘desprotección’ de la vivienda pública en la Comunidad Valenciana, tal como lo plantea el PP, deja la puerta abierta a futuras operaciones especulativas». Según Soler, «aunque la intención declarada sea ayudar a jóvenes y colectivos vulnerables a conseguir una vivienda, el Consell paralelamente ha incrementado los precios y aprobado un Decreto que permite descalificar las viviendas protegidas, impidiendo la configuración de un parque público de vivienda estable, tal y como existe en otros países de Europa».
Para Soler, esto resulta muy grave porque «en los últimos suelos disponibles de la ciudad se van a construir viviendas protegidas con precios alejados del alcance de la mayoría y, si no se logran vender o alquilar, podrían desprotegerse y pasar al mercado libre, a pesar de haberse edificado en terrenos públicos y de contar con subvenciones para su ejecución».
La portavoz insiste en que lo primordial al promover vivienda pública es su accesibilidad económica. Denuncia que el argumento del PP para aumentar los precios —la necesidad de estimular a los promotores y favorecer la colaboración público-privada— “acaba por excluir a familias y jóvenes con verdadera necesidad de una vivienda protegida”. Concluye que “el plan es una farsa para beneficiar a los intereses privados, cuando debería garantizarse el acceso universal a un hogar digno y asequible”.
Por su parte, Mompó recuerda que Mazón prometió, hace un año, la construcción de 10.000 viviendas protegidas bajo el Plan Vive, pero, según el diputado, “ha fracasado antes incluso de arrancar, porque casi todas las licitaciones han quedado desiertas”. Añade que la estrategia del president es “hacer más atractivas las condiciones para el sector privado, sacrificando los intereses de los ciudadanos”.
Finalmente, Mompó destaca que, entre 1995 y 2015, el parque público valenciano perdió 22.000 viviendas bajo los sucesivos gobiernos del PP. Considera que “es esencial contar con un amplio stock de vivienda social, pero no basta con una única medida; es imprescindible coordinar la legislación estatal con la normativa valenciana”. Cierra su intervención denunciando que, “mientras el PP centra todos sus esfuerzos en la construcción, deja de lado un enfoque global que facilite de verdad el acceso a la vivienda”.
